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Violencia familiar. Efectividad de las medidas judiciales. Por Facundo Dominoni, Juez de Familia MdP

Día a día nos enfrentamos a noticias que dan cuenta de hechos de violencia que se producen en nuestra sociedad, exhibiendo situaciones que no resultan ser sino una de las tantas consecuencias de la crisis de valores – morales, éticos y de educación – a los cuales lamentablemente pareciera que nos hemos ido acostumbrando.

No obstante, cuando los hechos suceden dentro de una familia, la Ley 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar establece una serie de medidas que pueden los Jueces de Familia disponer. Claro está, en casi la totalidad de los casos, la Justicia actúa cuando el conflicto estalló.

Dentro de las medidas más conocidas se encuentra la restricción de acercamiento (vulgarmente conocida como perimetral) que tiene como fundamento evitar ulteriores agresiones del/la victimario/a en función del contacto que pueda buscar con la víctima. La persona denunciada, debidamente notificada, tiene prohibido acercarse. La naturaleza de la medida es netamente preventiva frente a la eventual reiteración de hechos de violencia que podrían provocar mayores daños en las personas de los interesados.-

No obstante, en un gran numero de casos, la “pasión” instalada en el vínculo entre las personas deviene violenta ante la falta de acuerdos respecto de la dinámica amorosa pese a que la disolución de una pareja requiere de madurez y equilibrio de sus integrantes.

Cuando ello no ocurre, para la efectividad de los fines perseguidos por la ley protectoria, es aconsejable que sea acompañada de otra medida, la denominada terapia bajo mandato judicial. El abordaje o tratamiento terapéutico de las partes es importante para restaurar el orden, dando cauce al proceso de elaboración simbólica necesaria, instrumentando los medios necesarios para que la familia pueda actuar continentemente.-

Así, con el objeto de propender a la paz familiar y personal de las partes, la imposición de terapia bajo mandato no resulta ser sino una vía reparatoria del desencuentro familiar que debe ser alentada desde todos los efectores del sistema.-

Si bien la obligatoriedad podría encontrarse reñida con la predisposición y voluntariedad que necesariamente prescribe un tratamiento terapéutico, partiendo de algo tan interno y personal como es la psiquis humana, el desafío será “atender a personas con escasa conciencia del riesgo al cual están expuestas o que no tienen voluntad de cambiar” (conf. “Violencia y Abuso en la Familia”, Sanz Diana-Molina Alejandro, Lumen Humanitas, pág. 319, año 1999).-

A fin de dotar a las partes de herramientas que les permitan superar el conflicto interpersonal planteado y con el claro propósito de evitar la reiteración de hechos de violencia entre ellas y/o con terceras personas (en especial los hijos o los ascendientes, en muchos casos, adultos mayores) se torna aconsejable exigir a los involucrados acrediten dicho tratamiento con debido certificado de salud que eleve al Juzgado el profesional psicólogo o psiquiatra que intervenga.

El mismo podrá realizarse en centro público o privado (dependiendo de las posibilidades de afrontar los costos) y por un tiempo mínimo de duración de tres a seis meses, que permita evaluar – en definitiva – el cese o continuidad del abordaje en función de lo aconsejado terapéuticamente.

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